Estoy viviendo esta campaña con mucha ilusión y con la satisfacción del deber cumplido, no es autocomplacencia tenemos ambición de más y mejores logros para la ciudadanía de Granada, por eso desde el PSOE pedimos de nuevo el apoyo y la confianza a las granadinas y granadinos, comprometiéndonos, como siempre, a trabajar con rigor y lealtad por el avance y el desarrollo de nuestra provincia.

Comparto la opinión de quienes dicen que las campañas empiezan al día siguiente de ganar las elecciones y aunque a un mes de las votaciones el ruido del PP y sus reaccionarios voceros se vuelve cada vez más ensordecedor, los socialistas estamos dedicados a explicar y compartir con los ciudadanos lo que hemos hecho y a recoger sus esperanzas y anhelos para hacerlos realidad después del 9 de Marzo.

Me siento orgullosa del compromiso demostrado con Granada de los Gobiernos Socialistas de Andalucía y de España, sabemos muy bien lo que han supuesto estos últimos cuatro años para Granada, tenemos motivos para seguir apoyando a quienes cada día han pensado en el interés general de los granadinos y granadinas trabajando por la modernización y el liderazgo de Granada. Se ha hecho mucho en todos los ámbitos, mucho en comunicaciones, en empleo, en innovación, en derechos, en igualdad y también mucho en cultura y patrimonio histórico.

Ayer en la entrega de premios de la Cámara de Comercio tuvimos ocasión de escuchar por parte de muchos de los intervinientes en su mayoría emprendedores y empresarios y también representantes de instituciones la importancia que para el desarrollo de Granada tienen las sinergias necesarias entre el turismo y el patrimonio cultural y el consenso de todos en que son elementos estratégicos para nuestro futuro. El Patrimonio Cultural es nuestra mayor y mejor fortaleza en este contexto globalizado en el que vivimos, el testimonio de nuestro pasado nos debe proyectar a un gran futuro.

Desde el PSOE hemos trabajado por una cultura como derecho de la ciudadanía y como recurso para nuestro desarrollo y hemos defendido el prestigio cultural de nuestra provincia y la capitalidad cultural de Granada, lo hemos hecho apostando por el patrimonio histórico y por los elementos culturales que han requerido de respaldo institucional.

No pretendo ser exhaustiva, pero en el entendido de que debemos dar cuenta de lo realizado voy a mostrar algunas de esas acciones.

ministerio-de-cultura.jpgEl Gobierno de España ha colaborado con la Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos de la provincia y con otras instituciones para la recuperación de nuestro patrimonio y lo ha hecho disponiendo recursos propios del Ministerio de Cultura (que aumentó su presupuesto en Granada para el ejercicio 2008 en 171, 69% respecto del año anterior) o mediante la convocatoria del 1% conjuntamente con el Ministerio de Fomento.

Esta legislatura ha sido especialmente fructífera en la financiación de obras de conservación en nuestra provincia (más de 10 millones de euros) , por citar las más significativas Castillo de San Miguel de Almuñécar, Castillo de Salobreña, Castillo de Lanjarón, Cuarto Real de Santo Domingo de Granada, Museo Industrial de la caña de Azúcar de Motril, Pósito de Loja, Casa de los Abades de Húescar, Jardín Nazarí de Vélez Benaudalla, Castillo de Píñar y el apoyo a ayuntamientos de la provincia para intervenciones como al de Granada para las Murallas de la Ciudad, al de Loja para la Alcazaba, al de Baza para el Teatro Dengra, al de Húescar para el Convento de Santo Domingo, al de Gorafe para el Centro de Interpretación de la Cultura Megalítica, al de Monachil para el yacimiento Cerro de la Encina, al de Montefrío para la Peña de los Gitanos, al de Ogijares para la Escuela de Flamenco Eva la Hierbabuena.

Así mismo el Ministerio de Cultura forma parte del Patronato de la Alhambra, ha colaborado con la Junta en la remodelación del Museo de Bellas Artes, financia el Festival Internacional de Música y Danza y se ha incorporado desde el principio al consorcio para la construcción del Gran Espacio Escénico de Granada y el Centro Cultural Federico García Lorca, ha dispuesto ya fondos para la construcción de la sede de la Fundación José Saramago en Castril y ha empezado a colaborar con la Fundación Francisco Ayala.

Como os decía se ha hecho mucho, ese es nuestro aval, por eso podemos mirar a los ojos a nuestros conciudadanos y conciudadanas, porque hemos trabajado con responsabilidad y entusiasmo y estamos ilusionados con nuevos retos en los que ya estamos comprometidos, como son la celebración del Milenio del reino de Granada, la recuperación de los Castillos de la Frontera, la declaración de Parques Culturales especialmente el de Medina Elvira en Atárfe o la implementación del Plan Estratégico de la Cultura aprobado por la Junta de Andalucía en nuestra provincia.

La propuesta cultural más ambiciosa del PP en estos cuatro años ha sido la de ubicar en el Banco de España el que ellos llaman Museo de la Ciudad, con intención confrontadora más que otra cosa y que no me negaran, que a falta de definición -nunca han enseñado el proyecto- ha tenido y tiene un tufillo decimonónico y hasta rancio.

Para la Cultura tampoco es lo mismo que gobierne el PP o el PSOE y así lo entiende mucha gente como quienes han creado la Plataforma PAZ, formada por artistas y creadores para apoyar a José Luís Rodríguez Zapatero y que los populares tanto están despreciando y ofendiendo.

Mientras las y los socialistas a lo nuestro, a trabajar con ilusión por el futuro y a seguir haciendo de la cultura una seña de identidad de nuestro proyecto político.

María Escudero

Hace unos meses visitaba a un familiar que había tenido una niña en uno de nuestros hospitales comarcales. En la cama de al lado había una mujer ecuatoriana que también había tenido un hijo, grande y hermoso como ella decía. Las dos tuvieron las mismas atenciones, esa es la suerte de tener una sanidad pública como la andaluza. Hoy la he recordado cuando he escuchado la propuesta de Rajoy sobre los inmigrantes.

Rajoy acostumbra a sorprendernos y a enrojecernos. Anteayer con la cita de autoridad de su “primo” sobre la no existencia del cambio climático. Para arreglar tan desdichada y criticada posición dice ahora que va a plantar millones de árboles, copiando y multiplicando por x la propuesta que desde el PSOE hacíamos en el mes de diciembre. Rectifica a medias, sin reconocerlo. No está entre sus costumbres la de tener humildad. Ahora hace una propuesta sobre la población inmigrante que vuelve a enrojecernos. Me gustaría que en esta ocasión rectificara de veras. Para que la DIGNIDAD de las mujeres y hombres que conviven con nosotros y que han nacido en otras tierras, que trabajan en el campo, en los servicios, en la construcción o en el servicio doméstico se viera reconocida. Pero creo que no está entre sus costumbres relacionarse con los que él considera diferentes, y menos pensar en su dignidad.

La propuesta y comentarios de Rajoy sobre los inmigrantes está orientada a alimentar los sentimientos de xenofobia, y atenta contra la dignidad de miles de personas. Primero porque respetar las leyes o pagar impuestos es una obviedad ya que todos los que aquí vivimos, hayamos nacido en España o en Japón, estamos sometidos a ellas. A todas las leyes, incluidas las de la igualdad entre mujeres y hombres. Segundo porque no hay normas jurídicas que fijen las costumbres de los españoles y españolas. Por suerte. Eso sucedía en los tiempos en los que no había libertades, en esos “tiempos revueltos” de las series televisivas llenos de miedo y de silencio, en los tiempos en que para tener una beca se requería el certificado de “buena conducta”.

Durante los años en los que he sido Consejera de Educación he tratado de promover una educación intercultural en nuestra escuela basada en el respeto a todas las personas, promoviendo la igualdad, la incorporación de los padres y madres de estos niños, facilitando el conocimiento de nuestra lengua y nuestras normas. La experiencia ha sido riquísima. Me gustaría que Rajoy y otros dirigentes del PP conociesen el interés de esos niños y niñas por estudiar para tener un hueco en esta sociedad; cómo nuestras clases para personas adultas se llenan de inmigrantes para aprender nuestra lengua, nuestra historia, nuestra cultura porque saben que ello les abre puertas para incorporarse activamente a la sociedad.

Frente a las políticas del miedo, de la sospecha, del desprecio, frente a las ideas rancias, discriminatorias e incompatibles con nuestra Constitución, reconozcamos la dignidad de las personas, avancemos en derechos y deberes en igualdad para todos, procuremos la incorporación activa y respetuosa de quienes con nosotros conviven y trabajan. Este país, nuestra España, se merece otras costumbres políticas.

Cándida Martínez López

LA I+D+i: PLAN INGENIO 2010. PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS DE LA SALUD.

 

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Ya comenté en mi anterior entrada la apuesta de nuestro gobierno por sentar las bases de un crecimiento económico más estructural, menos dependiente de la coyuntura como el inmobiliario, con mayor calidad de empleo y mejor formación. Un modelo de crecimiento moderno basado en el Conocimiento. Granada es un ejemplo de ello:

“1.100 millones de € ha invertido la Junta de Andalucía durante estos años en políticas de I+D+i y Universidad. Tan importante esta última para transferir conocimiento y mano de obra cualificada a nuestro tejido empresarial”

A lo que hay que sumar todas las iniciativas del Gobierno de España.

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El PTS (Parque Tecnológico de la Salud) es el proyecto que mejor simboliza este compromiso. Como recientemente decía Teresa Jiménez en una rueda de prensa, se inició esta Legislatura con el edificio del BIC, unas cuantas microempresas y apenas cuarenta personas trabajando en el PTS, y se ha cerrado con una inversión de 269 millones de €, casi 800 empleos, la instalación de prestigiosas multinacionales y un proyecto de ampliación en marcha. Todo ello sin contar la joya de la corona, el Hospital del Campus de la Salud con más de 90 millones de € de inversión en esta legislatura, ya casi terminado y, cuya entrada en funcionamiento se producirá en los inicios de la siguiente legislatura.

El Gobierno de España y la I+D+i

PRIORIDAD DEL GOBIERNO: la innovación en la pequeña y mediana empresa, el apoyo a la creación y mantenimiento de empresas innovadoras y la apuesta decidida por la incorporación de los avances tecnológicos y de la sociedad de la información a todo el tejido productivo del país.

PRINCIPALES ACTUACIONES DURANTE LA LEGISLATURA:

  • Casi triplicar la inversión en I+D+i civil respecto al PP.
  • Puesta en marcha del Programa Ingenio 2010. Asumiendo el ambicioso reto de alcanzar la media de la UE-15 en los principales indicadores de I+D+i para 2010.
  • Proyectos CENIT, para el desarrollo de proyectos de investigación industrial, llevados a cabo por investigadores del sector público.
  • Proyectos Proyectos CONSOLIDER para dar respuesta a los grandes proyectos de investigación básica.
  • Mejora de los Centros Públicos de Investigación con nuevos centros especializados en tecnologías clave para la competitividad. La Ciudad de la Luz (Energías Límpias) o el INTENCO de León (Seguridad en la Red) o el Laboratorio Hispano-Portugues de Nanotecnología.
  • Crear el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
  • Un nuevo Plan Nacional de I+D+i (2008-2011). Auténtica guía de la estrategia a seguir en los próximos años.
  • Adelantar a Italia en I+D sobre el PIB en 2005.

RESULTADOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA:

Inversión anual en I+D anual (en media) millones de €:

  • 10.500 PSOE (2004-2006)
  • 5.700 PP (1996-2003)

Investigadores trabajando en empresas:

  • 39.935 PSOE en 2006
  • 27.581 PP en 2003

Publicaciones Científicas (% sobre el total mundial):

  • 3,1 PSOE en 2006
  • 2,8 PP en 2003

Solicitudes de patentes europeas:

  • 1.043 PSOE en 2006
  • 695 PP en 2003

Personal dedicado a I+D:

  • 188.977 PSOE en 2006
  • 151.487 PP en 2003

Convergencia con los principales países de la UE. Ejemplo Alemania:

  • 5 puntos de recorte en 4 años PSOE
  • 5 puntos de recorte en 8 años PP

Luis Salvador

Candidato al Senado por el PSOE de Granada

La Conferencia Episcopal, los obispos, reclaman libertad. Exactamente reclaman su derecho para pedir menos libertad o, mejor dicho, para negarla ya que ésta en democracia emana de la voluntad de la ciudadanía representada en el parlamento.

En ningún país de Europa ocurre algo parecido, pero es que en ningún país de nuestro continente hay una derecha tan antigua y reaccionaria y unos dirigentes eclesiásticos que añoren tanto los tiempos pasados.

Son muchos los católicos que están sorprendidos o indignados por esta actitud de quienes están a un paso de cambiar los púlpitos por los atriles de los mítines.

Muchos católicos no desean esa deriva de quienes van camino de convertir las iglesias en sedes del PP. El siguiente paso puede ser ir en las listas.

Francisco Álvarez de la Chica

Permitidme que esta incursión en el ámbito de vuestra “intimidad virtual” durante esta campaña, si así lo queréis, sirva para intercambiar reflexiones sobre el alcance y significado de algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos socialistas durante esta legislatura, así como sobre las propuestas que ofrecemos para merecer vuestra confianza para hacer presentes (representar) en las instituciones los intereses de la inmensa mayoría. De ahí el título que da cobertura a estas reflexiones, de cosas que importan a muchos.

Quienes tenemos una concepción precisa sobre el papel que corresponde a los poderes públicos en el Estado social de derecho, sabemos qué significa la fijación de una cantidad mínima por debajo de la cual no pueda retribuirse el trabajo asalariado (salario mínimo) en ninguna actividad (interprofesional). Sabemos también de su función de garantía para los sectores más débiles de trabajadores frente a la más pura concepción liberal, que tiene en los salarios de subsistencia (ley de bronce de los salarios) su versión más idílica. De ahí la necesidad de la intervención del Estado para evitar el liberalismo salarial (la fijación del salario fiada a las puras leyes del mercado), al que tanta querencia muestra ideológicamente la derecha.

El salario mínimo interprofesional constituye una especie de red de seguridad de la estructura salarial de todos los trabajadores, al tiempo que un referente para la negociación de los convenios colectivos, sirviendo, en buena medida, de apoyo al poder de los representantes de los trabajadores en el proceso de negociación. Pero es que, además, la cuantía del salario mínimo interprofesional suele ser la base de fijación de una parte de los sistemas de protección social y, fundamentalmente, los subsidios como el de desempleo o las pensiones asistenciales.

Desde estas breves consideraciones se entiende el alcance que el sustancial incremento de la cuantía del salario mínimo interprofesional operada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero durante esta legislatura ha tenido para millones de trabajadores asalariados y para los beneficiarios de sistemas de protección social que utilizan dicha cuantía como parámetro de referencia.

Y se entiende también las posturas de quienes, desde argumentos de corte economicista, obvian cualquier idea redistributiva que puede instrumentarse a través del tendencial acompasamiento del salario mínimo al coste de la vida como derecho social de ciudadanía. Para quienes la política normativa de los salarios mínimos debe quedar reducido a un mecanismo casi exclusivamente macroeconómico (señaladamente como instrumento de lucha contra la inflación), el incremento sustancial del salario mínimo interprofesional resulta un “disparate “(Rajoy dixit), y, desde sus principios ideológicos, un atentado al sacrosanto mercado que debería fijar el coste en función de la oferta y la demanda.

Quienes entendemos que el salario mínimo interprofesional, además de garantizar ciertos niveles de inmunidad respecto al mercado en los sectores más desprotegidos del mercado laboral, constituye una exigencia derivada del principio constitucional de suficiencia del salario, como un instrumento del derecho social de la ciudadanía constituido por la suficiencia de la remuneración del trabajo, no podemos menos que, con la inmensa mayoría, felicitarnos por la valentía de un gobierno que durante esta legislatura ha elevado el salario mínimo interprofesional hasta los 600 euros para el año 2008, y con el programa del PSOE que apuesta por llevar su cuantía durante la próxima legislatura a los 800 euros, con lo que el PSOE se propone cumplir con la Carta Social Europea en lo atinente a la proporción que el salario mínimo debe tener respecto al salario medio.

Queda así en evidencia la política normativa que al respecto tuvieron los gobiernos del PP de Aznar (cuando llegó al poder, en el año 1996 el SMI era equivalete a 402,97 euros, en el año 2000 –segunda legislatura de gobierno del PP- equivalía a 424,79 euros; dejándolo para el año 2004 en 460,5 euros; esto es, en 8 años del PP el SMI subió un total de 57,53 euros; mientras que en 4 años de gobierno de Rodríguez Zapatero se ha incrementado en 139,5 euros) y la posición política respecto al incremento del salario mínimo de los trabajadores de Rajoy (disparate dixit) con argumentos de corte economicista que no consiguen disfrazar que están enraizados en la más pura ortodoxia ideológica de la derecha sobre el salario.

Ángel Javier Gallego Morales

Este fin de semana pasado hemos presentado en Granada, los compañeros de toda Andalucía, las propuestas políticas con las que pretendemos obtener la confianza de los ciudadanos. El trabajo realizado por el PSOE en el Gobierno de la Junta hasta el momento ha sido muy positivo, pero todavía queda por hacer. Estamos haciendo de Andalucía un lugar más próspero, cotas de bienestar propias de las otras regiones europeas, donde los derechos sociales, la igualdad, el acceso a las nuevas tecnologías y la creación de empresas y empleo son prioritarios en el proyecto socialista.

Nuestro partido ha cumplido todos sus compromisos electorales. Hemos recibido competencias del Estado que los anteriores gobiernos del PP nos negaron, también hemos podido, por fin, disponer de más de 2.500 millones de la ‘deuda histórica’ que han servido para invertir en políticas sociales, infraestructuras y mejora de la educación y la sanidad andaluzas. También ha sido muy importante el impulso del nuevo Estatuto.

p1050591.jpgChaves y Zapatero son los líderes que necesitan Andalucía y España. Tienen experiencia, ilusión, ganas de trabajar para transformar la sociedad y les importan los ciudadanos, sus derechos y la justicia social. La verdad es que éstos dos días de puesta en común de ideas han sido muy positivos. Nunca dejas de aprender. Nuestro partido es sensible a la demanda de TODOS los ciudadanos.

El interés de mi partido está siempre al lado de los ciudadanos. En estos años de democracia hemos conseguido alcanzar a regiones mucho más desarrolladas de Europa.

Es un camino que el Partido Socialista ha recorrido de la mano de su gente. Los andaluces y andaluzas podemos sentirnos orgullosos del trabajo hecho y podemos sentirnos satisfechos de caminar por fin por la vía de los avances sociales, económicos y tecnológicos. Por la vía de primera.

La gente de izquierdas podemos sentirnos más que satisfechos por la sociedad de futuro que estamos construyendo. La gente de izquierdas sabe lo que significa que gobierne la derecha, máxime cuando se trata de una derecha dura, muy alejada del centro y del equilibrio. Pero Andalucía ya se ha hecho mayor, sabe lo que quiere y como lo quiere, nunca necesitamos tutelas y hoy menos que nunca. Los andaluces y andaluzas sabemos bien lo que no queremos.

Me hubiera encantado que toda la provincia, jóvenes y mayores, hubieran podido escuchar en vivo y en directo a Manuel Chaves y a José Luís Rodríguez Zapatero porque os habrían convencido y os habrían emocionado. Soy consciente de que en la actualidad hay un cierto desapego y descreimiento hacia todo lo que huela a política. Sin embargo soy capaz de asegurar que en la mayoría de los casos es por desconocimiento. No todos los políticos son iguales, ni toda la política tiene los mismos objetivos. A veces hay demasiado ruido en torno a las realidades que afectan a los ciudadanos y los árboles no nos dejan ver el bosque. La política construye realidades cuando se ejerce con responsabilidad y convencimiento. En España y en Andalucía el partido socialista puede rendir cuentas placidamente. Nos comprometimos con los ciudadanos en un programa más que público y lo cumplimos.

Desde aquí quiero invitar a toda la gente progresista, solidaria, ilusionada y trabajadora a que conozcan el proyecto de Andalucía para Andalucía que el Partido Socialista he elaborado. Andalucía se lo merece y lo necesita.

María Flor Almón.

Forma parte del bagaje político del PSOE el compromiso con la laicidad del Estado. Así es, y así debe ser, en un partido de izquierda que pone sus señas de identidad en la defensa de la libertad y el logro de la igualdad. En tanto no se consiga un Estado que efectivamente sea laico, esos valores de libertad e igualdad se hallarán menguados en la sociedad en la que así ocurra. Lo contrario de la laicidad es el confesionalismo, que consiste en el mantenimiento de privilegios por parte de una confesión religiosa, a la sombra de sus connivencias con poderes no democráticos o a través de sus intromisiones ilegítimas en el ámbito de lo político. Normalmente, en las iglesias, el confesionalismo proyecta hacia fuera el clericalismo que en ellas se da hacia dentro. De ahí que la oposición al confesionalismo, que es lo relevante políticamente, venga muchas veces asociada a posiciones anticlericales. Pero eso no supone que el laicismo sea antirreligioso –ni que deje de apreciar que hay curas excelentes, obispos que desempeñan bien su ministerio y hasta algún Papa, como Juan XXIII, respecto al cual bien haría la Iglesia en darle el reconocimiento que merece-. De hecho, tanto clericalismo como confesionalismo, que son dos caras de la misma moneda, suponen distorsiones de lo religioso que perjudican a las religiones mismas –los cristianos, por ejemplo, deberían ser los primeros en ser anticonfesionalistas y anticlericales, si quisieran ser consecuentes con el evangelio del laico Jesús de Nazaret- y, por supuesto, a las sociedades en que tales fenómenos se producen.

La pretensión de mantener privilegios para una determinada confesión religiosa conlleva el intento de conservar o reforzar ciertas imposiciones sobre el conjunto de la sociedad, creyentes y no creyentes, con la consiguiente merma de las libertades. El que tales privilegios se asienten o tengan algún respaldo jurídico-político implica una discriminación sobre los miembros de otras confesiones religiosas minoritarias o sobre los ciudadanos que no pertenecen a confesión alguna. Una democracia coherente no debe admitir ni mengua de las libertades reconocidas por la Constitución, ni privilegios de unos que conlleven discriminaciones hacia otros. Es de justicia, por tanto, exigir que las diferentes confesiones religiosas estén en el lugar que les corresponde en una sociedad secularizada, pluralista y democrática, es decir, en el lugar cívico que han de ocupar en el entramado de la sociedad, como otras tantas entidades o instituciones. Desde ahí podrán ejercer los derechos que la Constitución reconoce y ampara, siempre desde el respeto a los procedimientos democráticos que hemos establecido para todos y a las leyes que mediante ellos nos damos.

Frente a quienes lanzan falsas acusaciones de acoso al cristianismo –y hay quien sube el tono hasta hablar de persecución a la Iglesia, pero sin mencionar la financiación a la misma desde los presupuestos del Estado- hay que recordar que cualquiera, individual o colectivamente, puede opinar sobre las cuestiones políticas más diversas, mas también que nadie debe presionar por métodos ilegítimos a gobiernos y parlamentos democráticamente elegidos para imponer a la sociedad en su conjunto una determinada moral o para mantener privilegios injustificables en democracia. Y eso es lo que sigue haciendo un significativo sector de la Iglesia católica, a través de destacados obispos y con el respaldo, parece ser, del Papa Benedicto XVI. Por si faltaba algo, en las últimas declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Martínez Camino, al menú habitual se añade la instrumentalización de todo lo relacionado con el terrorismo, vertiendo calumniosas insidias al decir que el PSOE ha dado a ETA trato de interlocutor político, lo cual de ninguna manera ha sido así, y todo ello con voluntad clara de decantar el voto de los católicos hacia la derecha a través de tan grosera manipulación de los hechos. Por mucho que el alambicado lenguaje de los obispos intente mantener la apariencia de un equilibrio que de hecho no existe, estamos ante un salto cualitativo por parte de una jerarquía eclesiástica que se alinea con el PP –hay quien no la hace, pero no lo dice: la trampa de la unidad eclesial, tan quebrantada-, en clara intromisión confesionalista en el juego democrático de una forma que de ninguna manera debía darse en un Estado democrático de derecho.

Está visto que la aconfesionalidad del Estado español, tal como resulta definida por la Constitución, siendo un logro importantísimo respecto del nacional-catolicismo que acompañó a la dictadura franquista, no es sin embargo un definitivo punto de llegada si bajo ella tienen cabida las prácticas eclesiásticas que estamos viendo. Es necesario avanzar hacia una laicidad coherente con lo que la democracia supone y exige, haciendo una lectura laica de esa misma aconfesionalidad del Estado para evitar las regresiones que las derechas están promoviendo.

En esa dirección, buscando avanzar hacia una laicidad más consecuente, el PSOE, en el programa electoral aprobado por la Conferencia Política recientemente celebrada en Madrid, contempla la necesidad de acometer la reforma de la Ley Orgánica de Libertad religiosa, a los treinta años de su entrada en vigor. Será un buen momento para ello. Habrá que trabajar intensamente en la búsqueda del consenso necesario con las distintas fuerzas políticas para una reforma de ese calibre y para que se abra paso el imprescindible diálogo sobre ese punto con las diferentes confesiones religiosas que tienen presencia en la sociedad española. Ésta, por lo demás, presenta una pluralidad tal que hace aún más necesario que el principio de laicidad opere no sólo como principio jurídico-político que encuentra plasmación en la separación entre el Estado y las iglesias, sino también como principio de convivencia absolutamente necesario para una sociedad plural como la nuestra. La diversidad cultural que existe en nuestra sociedad ha intensificado la pluralidad religiosa y ello reclama la articulación democrática de la misma desde aquello que es de justicia: el respeto a la dignidad de cada uno, la defensa de las libertades que todos hemos de poder ejercer y la igualdad de trato en un orden democrático –desacralizado, por cierto- que no debe admitir discriminaciones.

José Antonio Pérez Tapias.

Un saludo muy cordial a todos y a todas. Participar en un espacio como este es una gran oportunidad para todas las personas que, con independencia de la edad, consideramos la RED como una vía fundamental de nuestra sociedad para comunicarnos, expresar nuestras ideas, emociones, sentimientos, proyectos, etc.

Internet, además, es un medio extraordinario para impulsar nuestra democracia, en la medida que nos permite resolver miles de cuestiones a las que antes destinábamos demasiado tiempo; esto es algo que siempre he tenido muy claro.

Desde mi responsabilidad de gobierno en Andalucía he trabajado para lograr transformar una administración analógica en una administración digital. Estamos convirtiendo la Administración Pública de Andalucía en una administración moderna, dinámica y próxima a la ciudadanía: la Administración Electrónica.

La Administración Electrónica se traduce en que los ciudadanos y ciudadanas, por medio de Internet y sin necesidad de guardar cola, pueden acceder, 24 horas al día los 365 días del año, a los más de 260 procedimientos y al 77% de los servicios públicos que ya están telematizados en la Junta de Andalucía.

Por ejemplo, entre las cuestiones que podemos resolver desde nuestro ordenador personal, encontramos asuntos tan vitales y cotidianos como los cambios de médico o de centro de salud, pedir el carné joven o la cartilla de familia numerosa, matricularse en la universidad (incluso por las noches), reclamar pensiones no contributivas de jubilación o de invalidez, inscribirse para opositar y concursar en la ofertas de empleo público, beneficiarse de asesoramiento jurídico sobre violencia contra mujeres, pedir certificaciones tributarias, y formalizar el pago de algunos tributos.

La Administración Electrónica contribuye a la eliminación del papel en las gestiones, por lo que la firma de los documentos de forma digital supone un ahorro de millones de papeles al año, y con ello estamos colaborando para proteger el medio ambiente y evitar el calentamiento global del planeta en la medida de nuestras posibilidades.

En Andalucía hemos ahorrado 24.681.568 millones de papeles, lo que significa que en estos últimos cuatro años hemos dejado de emitir a la atmósfera 4.382,16 toneladas métricas de CO2. A mí, como socialista, esto me parece un paso muy importante que hace mejorar indiscutiblemente nuestra calidad de vida.

Este proceso de modernización es sólo el comienzo de un proceso de profunda transformación de lo que concebimos como las nuevas relaciones entre la Administración y la ciudadanía andaluza y de la manera más efectiva de ejercerlas. En definitiva, las nuevas tecnologías nos comprometen con el futuro para gobernar cada vez mejor, siempre junto a las instituciones cívicas, a las empresas y, por supuesto, al conjunto de la ciudadanía.

Estamos construyendo la Administración pública del mañana.

María José López

 

Me acerco a este blog con la ilusión de poder conectar con todas aquellas personas que quieran comunicarse con la candidatura del PSOE de Granada para las próximas elecciones generales y autonómicas. Para ti, que tienes interés por las políticas sociales, las que hemos hecho en estos años de gobierno y las que queremos seguir haciendo si contamos con tu apoyo, con vuestro apoyo.

Aprobación de la Ley de la Dependencia en el Congreso de los DiputadosMi trabajo político tiene que ver con aquellas políticas que afectan directamente a la vida de las personas, el acceso a un trabajo estable y bien remunerado, atención a las personas que se encuentran en situación de dependencia, igualdad de derecho y sin discriminación de las personas con discapacidad, los mayores, los emigrantes retornados, los inmigrantes, aquellas personas que por su opción sexual se sienten rechazadas socialmente. A esa tarea he dedicado mi trabajo en el Congreso de los Diputados en esta legislatura.

Hoy hemos sabido que nuestra economía ha crecido un 3,8 % en el año 2007, crecimiento superior a la media de la Unión Europea, esa ha sido la tónica de la legislatura que finaliza: una economía fuerte y saneada, con superávit de las cuentas públicas.

Yo siempre mantengo que las políticas sociales se hacen desde el área económica del gobierno encargada de garantizar los recursos económicos necesarios y la adecuada redistribución de los mismos. La prioridad del PSOE es favorecer que los recursos económicos sean un instrumento para garantizar y consolidar los derechos de aquellas personas que más lo necesitan.

Nuestra economía ha permitido dotar presupuestariamente leyes de gran calado social, como la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, la Ley de Igualdad, la Ley que regula el Estatuto del Trabajo Autónomo, la Ley de medidas en materia de Seguridad Social, entre otras.

Me refiero también a aquellas políticas que desde el Gobierno Socialista se han puesto en marcha para garantizar el apoyo a las familias y el reconocimiento de los derechos individuales de todos los miembros de la misma. La atención a las familias que cuidan personas dependientes, el incremento en plazas de educación infantil para atender a los menores de tres años, el fomento de la conciliación de la vida personal y laboral, la búsqueda de la plena igualdad de las mujeres y los hombres, la mejora de la protección social de todas las familias españolas.

AutonomosMe he referido a la buena situación de la economía y a los avances en derechos sociales en estos cuatro años de Gobierno Socialista, pero soy consciente de que en nuestro país y en nuestra provincia hay aún muchas personas que tienen serias dificultades y para las que debemos seguir trabajando.

En esa tarea estamos, en la Conferencia política del PSOE celebrada en Madrid, el pasado fin de semana, hemos cerrado el programa electoral para las elecciones generales. En próximos días finalizaremos el debate del programa para las elecciones al Parlamento de Andalucía y nuestros compromisos electorales con la Provincia de Granada.

Este Blog es un buen lugar para encontrarnos, para tus propuestas, para el debate, aquí nos vamos a encontrar.

María José Sánchez Rubio

Durante ocho años el Gobierno de Aznar marginó a las Comarcas de Baza y Huéscar, con la complicidad y silencio del Partido Popular de Granada.

Es incontestable que el Gobierno del Sr. Aznar llevó a cabo el trasvase del agua del Pantano del Negratín a la cuenca del Pantano del Negrat�nAlmazora, sin atender las peticiones de los Alcaldes de las Comarcas - excepción hecha del Sr. Torrente, Alcalde de Cúllar en esas fechas que fue cómplice de esa decisión de trasvase- para que se redactaran y ejecutaran los proyectos que resolvieran en la zona, bien la mejora o modernización de los regadíos, bien el abastecimiento del agua, asegurando agua suficiente de calidad para el consumo de los vecinos y vecinas con el máximo respeto con el medio ambiente y respetando el equilibrio de la cuenca.

Los Alcaldes y Regantes constituyeron la “mesa del agua”, para evitar el trasvase y que el proyecto del río Castril se ajustara a las necesidades de la población, con el máximo respeto al medio ambiente, siendo sancionados por el Gobierno de Aznar por manifestarse en contra.

El Partido Popular, tenía un proyecto que pretendía esquilmar los recursos de la zona, ya que pretendía extraer 52 Hectómetros del río Castril, que de haberse ejecutado hubiera provocado un grave impacto medioambiental, mermando el caudal ecológico; proyecto que quiso ejecutar “manu militari” el Gobierno del PP del Sr. Aznar.

El PSOE con José Luís Rodríguez Zapatero de Presidente del Gobierno de España, se comprometió a resolver los problemas pendientes en las Comarcas, con el consenso de Alcaldes y Regantes, de manera que respondiera al principio de sostenibilidad, y equilibrio con los recursos hídricos de la zona; por ello se redacto y se está ejecutando un proyecto que permitirá el abastecimiento de agua en la cantidad y calidad de la mayoría de los habitantes de la Comarca de Baza, unos 40.000, extrayendo del río Castril solamente 6 Hectómetros y preservando los valores ecológicos del Río Castril y su entorno patrimonial.

En la Comarca de Huéscar, se está estudiando la solución de los pozos de riego, para evitar una sobreexplotación de los recursos, y regularizar las concesiones administrativas de explotación del agua, al tiempo que se estudian las infraestructuras necesarias para la mejora integral de los regadíos tradicionales y nuevos, con respecto a los caudales existentes, y la protección medioambiental pertinente. A la vez que se está redactando los estudios de viabilidad para ejecutar obras de mejora del abastecimiento de las poblaciones de Huéscar, Galera y Orce, desde el Pantano S. Clemente.

En cuatro años, el PSOE, está cumpliendo sus compromisos con los ciudadanos de estas comarcas, defendiendo intereses generales y no particulares como pretendía el PP, que vendió el agua del Negretín, y pretendía extraer 52 Hectómetros del Río Castril.

El PSOE, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y de Manuel Chaves cumplen sus compromisos con nuestra tierra.

José García Giralte

Candidato del PSOE por Granada al Parlamento Andaluz

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