En medio de una vorágine electoral que se acelera por momentos, el candidato del PP a la presidencia del gobierno se ha dejado caer con una serie de propuestas para abordar la inmigración que son eso, un abordaje a los derechos de los inmigrantes y al buen sentido de la ciudadanía. Por si alguien, arrebatado por los cantos de sirena del fin de las ideologías o atrapado por el más burdo prejuicio de que todos los políticos son iguales, tenía dudas acerca de las diferencias entre izquierda y derecha, ahí tiene material más que de sobra para disiparlas. Desde la izquierda, reconociendo que queda mucho por hacer ante situaciones complejas como las que plantea la inmigración, queremos hablar de integración social e inclusión democrática de los inmigrantes, contemplando la primera mediante políticas de empleo, educativas, culturales, de salud y de vivienda, y promoviendo para la segunda el reconocimiento de derechos que nuestras leyes han de amparar. En cambio, la derecha, enrocándose sobre sí misma, ha venido a parar a un discurso xenófobo que no puede disimular tras cierto maquillaje un cierto tufo racista. Es lo que encontramos en el “contrato” como medida con la que el PP, en un ejercicio de copiado mal escrito respecto al presidente francés Sarkozy, quiere recibir a toda persona que llegue a nuestro país como inmigrante.
Llamar contrato a ese cúmulo de exigencias con las que el PP pretende filtrar selectivamente a los inmigrantes –de eso se trata- es emplear un eufemismo hiriente, en primer lugar por la asimetría terrible en que se sitúa a las partes supuestamente contratantes, y en segundo lugar por las prácticas discriminatorias y excluyentes que ya van diseñadas en su seno. Por si los motivos no estaban claros, Arias Cañete, como vocero de Rajoy, se ha encargado de sacarlos a la luz sin empacho alguno, con un repertorio de lo más grueso que ha llevado a José Luis Rodríguez Zapatero, como presidente del gobierno y de nuevo candidato a la presidencia, a pedir disculpas a los colectivos de inmigrantes por esas palabras ajenas que, por su carácter ofensivo, tanto han indignado a la mayoría. Tratar a los inmigrantes de aprovechados que parasitan la seguridad social y saturan las urgencias hospitalarias, de potenciales delincuentes –por lo menos- puesto que se presume su reluctancia a cumplir la ley, de sectarios que en cualquier caso se van a aferrar a costumbres no sólo suyas, sino antiespañolas (eso es más castizo que lo de antioccidentales) y cosas por el estilo, es de una clamorosa injusticia. No se corresponde con los hechos y constituye una difamación que no hace más que alimentar los peores prejuicios que hacia la inmigración pueden hallarse enquistados en determinados registros de nuestra sociedad. Eso aparte de la hipocresía que supone considerar así a quienes se está llamando para que cuiden de nuestros niños y ancianos, o para que trabajen en nuestros campos o en las obras y servicios de nuestras ciudades. Todo parece indicar que estamos ante la propagación de un nuevo espécimen de “prejuicio preventivo” como si hubiera que acometer alguna clase de guerra contra la inmigración llamada ilegal. Tal cosa se sitúa en las antípodas de las políticas que de verdad necesitamos para encauzar responsablemente los flujos migratorios, con total respeto a los derechos humanos en la aplicación de nuestras leyes, las cuales, por lo demás, desde la Constitución misma incluyen tal exigencia de respeto.
Meter la cuchara de la repesca de votos en esa sopa cuya sustancia viene dada por prejuicios respecto al diferente, rechazo al otro, desconfianza respecto al extraño y desprecio al pobre es dar un salto cualitativo en dirección contraria a la convivencia democrática que hemos de construir entre todos. El respaldo que con ello se da a actitudes excluyentes, que en buena medida dan lugar al incumplimiento de aquello que se dice que se va a pedir a los inmigrantes, puede generar la sensación de que se legitiman comportamientos de nuevas formas de racismo que, de extenderse, serán un desastre para nuestra sociedad. Es difícil eliminar prejuicios, pero es muy fácil reforzarlos, como lo es desmontar con declaraciones desafortunadas lo que trabajosamente se va construyendo en la dirección de una sociedad bien ordenada donde encontremos nuestro sitio todos los que ya estamos. De ahí que, ante las últimas propuestas en cuanto a inmigración de los líderes del PP –de las cuales algunos de sus militantes se han desmarcado-, se pueda hablar de irresponsabilidad, pues se infiere de ellas que no se hacen cargo de la gravedad de las consecuencias, no sólo de unas medidas que por su parte son de difícil, si no imposible, puesta en vigor, sino incluso de las consecuencias de la misma formulación que se ha hecho de ellas en clave electoralista. Debe tenerse presente que no hay cosa peor que acrecentar el resentimiento, el que a veces incuban los que están aquí “de toda la vida” y aquél que puede nacer en los que llegan por el rechazo que experimenten. Del resentimiento nada bueno puede salir y menos en política.
José Antonio Pérez Tapias
