Permitidme que esta incursión en el ámbito de vuestra “intimidad virtual” durante esta campaña, si así lo queréis, sirva para intercambiar reflexiones sobre el alcance y significado de algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos socialistas durante esta legislatura, así como sobre las propuestas que ofrecemos para merecer vuestra confianza para hacer presentes (representar) en las instituciones los intereses de la inmensa mayoría. De ahí el título que da cobertura a estas reflexiones, de cosas que importan a muchos.

Quienes tenemos una concepción precisa sobre el papel que corresponde a los poderes públicos en el Estado social de derecho, sabemos qué significa la fijación de una cantidad mínima por debajo de la cual no pueda retribuirse el trabajo asalariado (salario mínimo) en ninguna actividad (interprofesional). Sabemos también de su función de garantía para los sectores más débiles de trabajadores frente a la más pura concepción liberal, que tiene en los salarios de subsistencia (ley de bronce de los salarios) su versión más idílica. De ahí la necesidad de la intervención del Estado para evitar el liberalismo salarial (la fijación del salario fiada a las puras leyes del mercado), al que tanta querencia muestra ideológicamente la derecha.

El salario mínimo interprofesional constituye una especie de red de seguridad de la estructura salarial de todos los trabajadores, al tiempo que un referente para la negociación de los convenios colectivos, sirviendo, en buena medida, de apoyo al poder de los representantes de los trabajadores en el proceso de negociación. Pero es que, además, la cuantía del salario mínimo interprofesional suele ser la base de fijación de una parte de los sistemas de protección social y, fundamentalmente, los subsidios como el de desempleo o las pensiones asistenciales.

Desde estas breves consideraciones se entiende el alcance que el sustancial incremento de la cuantía del salario mínimo interprofesional operada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero durante esta legislatura ha tenido para millones de trabajadores asalariados y para los beneficiarios de sistemas de protección social que utilizan dicha cuantía como parámetro de referencia.

Y se entiende también las posturas de quienes, desde argumentos de corte economicista, obvian cualquier idea redistributiva que puede instrumentarse a través del tendencial acompasamiento del salario mínimo al coste de la vida como derecho social de ciudadanía. Para quienes la política normativa de los salarios mínimos debe quedar reducido a un mecanismo casi exclusivamente macroeconómico (señaladamente como instrumento de lucha contra la inflación), el incremento sustancial del salario mínimo interprofesional resulta un “disparate “(Rajoy dixit), y, desde sus principios ideológicos, un atentado al sacrosanto mercado que debería fijar el coste en función de la oferta y la demanda.

Quienes entendemos que el salario mínimo interprofesional, además de garantizar ciertos niveles de inmunidad respecto al mercado en los sectores más desprotegidos del mercado laboral, constituye una exigencia derivada del principio constitucional de suficiencia del salario, como un instrumento del derecho social de la ciudadanía constituido por la suficiencia de la remuneración del trabajo, no podemos menos que, con la inmensa mayoría, felicitarnos por la valentía de un gobierno que durante esta legislatura ha elevado el salario mínimo interprofesional hasta los 600 euros para el año 2008, y con el programa del PSOE que apuesta por llevar su cuantía durante la próxima legislatura a los 800 euros, con lo que el PSOE se propone cumplir con la Carta Social Europea en lo atinente a la proporción que el salario mínimo debe tener respecto al salario medio.

Queda así en evidencia la política normativa que al respecto tuvieron los gobiernos del PP de Aznar (cuando llegó al poder, en el año 1996 el SMI era equivalete a 402,97 euros, en el año 2000 –segunda legislatura de gobierno del PP- equivalía a 424,79 euros; dejándolo para el año 2004 en 460,5 euros; esto es, en 8 años del PP el SMI subió un total de 57,53 euros; mientras que en 4 años de gobierno de Rodríguez Zapatero se ha incrementado en 139,5 euros) y la posición política respecto al incremento del salario mínimo de los trabajadores de Rajoy (disparate dixit) con argumentos de corte economicista que no consiguen disfrazar que están enraizados en la más pura ortodoxia ideológica de la derecha sobre el salario.

Ángel Javier Gallego Morales